Acercando las Agendas de Justicia Fiscal y Medioambiental en la Región Andina

 

 

En el contexto de una región marcada por un modelo de desarrollo centrado en las industrias extractivas, las injusticias socioeconómicas, medioambientales y fiscales se refuerzan mutuamente afectando de manera desproporcionada los derechos y el buen vivir de los pueblos indígenas y los de sus comunidades afrodescendientes ubicadas en las zonas de explotación intensiva de recursos naturales.

Por ejemplo, las empresas que explotan los recursos naturales, causando daños medioambientales que afectan la salud y la vida de las comunidades que habitan los territorios donde estos recursos se localizan, suelen ser las mismas que se benefician de ‘incentivos’ o privilegios fiscales que privan a los Estados de recursos suficientes para prevenir o proteger a estas comunidades del impacto del extractivismo o para invertir en la garantía de sus derechos.  De este modo, las comunidades indígenas, afrodescendientes y otras comunidades rurales, ven sus territorios expoliados y sus derechos sociales ignorados.  

 

Enfrentar esta múltiple amenaza a la sobrevivencia de dichas comunidades requiere un abordaje integral y estratégico que unifique las luchas por la sostenibilidad de los recursos naturales y la sostenibilidad de los recursos provenientes de la tributación.  La participación y las voces de las comunidades afectadas son imprescindibles. 

 

Con ese propósito, el Center for Economic and Social Rights (CESR) conjuntamente con la Comunidad de Juristas Akubadaura organizaron un taller pionero en Bogotá el pasado mes de Abril.   El taller, que convocó a alrededor de quince líderes y lideresas indígenas y afrodescendientes de distintas regiones de Perú y Colombia, tenía como objetivo reflexionar sobre la forma en que las políticas fiscales y de manejo de los recursos naturales están afectando los derechos de estas comunidades, e identificar conjuntamente herramientas conceptuales y metodológicas que apoyen las luchas y contribuyan a implementar una agenda común por la justicia fiscal y medioambiental.  

 

En el transcurso de los debates, Sofía Garzón, lideresa afrodescendiente participante en el Taller, decía de manera premonitoria, que “hablar del tema de los recursos y del poder económico nos puede costar la vida, pero no hacerlo también”.  Precisamente, el pasado 4 de mayo en el departamento del Cauca, hombres armados atacaron a Sofía y a otros lideres y lideresas, entre ellas a Francia Márquez,  ganadora del premio Goldman Prize en 2018 por su defensa del medio ambiente y de sus territorios frente a la mega minería y la minería ilegal. Por fortuna Sofía, Francia y sus acompañantes resultaron ilesos. 

 

Las lideresas y líderes indígenas en América Latina, y en la región andina en particular, corren enormes riesgos en su lucha por la defensa de sus territorios.  En América Latina, el proyecto Tierra de Resistentes ha hecho un recuento de más de 1.536 hechos violentos contra líderes ambientales y sus comunidades en los últimos 10 años.  En Colombia, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta enero de 2019 la Defensoría del Pueblo estima que han sido asesinadas más de 460 personas entre líderes y defensores de derechos humanos.  

 

Pese a esta dura realidad, las lideresas y líderes indígenas y afrodescendientes  saben que el silencio no es una opción, pues lo que está en juego es su pervivencia física y cultural. Por ello resaltaron, a lo largo del taller, que además de que los Estados han tomado las decisiones sobre el uso de los recursos naturales y financieros sin su participación, estas políticas han generado enormes impactos sobre los derechos de las comunidades y sus territorios.  Señalaron también como en algunas ocasiones, incluso, se ha desconocido el deber de consulta o consentimiento previo, libre e informado sobre los asuntos que puedan afectar sus derechos. De esta forma, coincidieron en que  analizar y exigir transformaciones de las políticas fiscales y de explotación de los recursos naturales con un enfoque justicia étnica y racial es una tarea no solo necesaria, sino urgente. 

 

 

Además de reflexionar sobre las intersecciones entre la política fiscal y los recursos naturales desde la perspectiva y las experiencias de estas comunidades, una parte importante del taller se dedicó a analizar conceptos y metodologías de derechos humanos para el monitoreo de políticas públicas, incluido la metodología OPERA generado por CESR para el monitoreo de políticas públicas. El propósito fue identificar el potencial de estas herramientas para evaluar los impactos económicos y sociales de las políticas fiscales y ambientales desde una enfoque que tenga en cuenta el factor étnico y racial. Los participantes reconocieron la importancia de un marco de monitoreo de políticas que respalde sus esfuerzos para incorporar las preocupaciones de la política fiscal en sus luchas contra el extractivismo.

 

 

•Es necesario contrarrestar el discurso sobre los supuestos beneficios del modelo extractivista como una de las principales apuestas de desarrollo económico y de financiamiento por parte de los Estados de la región.  Lejos de ello, los pueblos afectados por este modelo han tenido que soportar los enormes pasivos sociales y ambientales que estas actividades han dejado en sus territorios. 

 

•Pese a estar entre las principales afectadas por las políticas vigentes, las comunidades indígenas y afrodescendientes han sido excluidas de la toma de decisiones sobre la asignación de incentivos fiscales a las empresas o la asignación de los recursos fiscales provenientes de las industrias extractivas. 

 

•Se requiere mayor recolección de evidencia sobre el impacto de las políticas fiscales injustas relacionadas con las industrias extractivas sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos, los cuales son  sistemáticamente vulnerados.

  

•Es necesario confrontar el discurso que señala a las comunidades afectadas por las industrias extractivas como opositoras al crecimiento económico y al desarrollo. Al mismo tiempo, es preciso lograr el reconocimiento del inmenso aporte que realizan estas comunidades y su rol en la economía a través de la producción de alimentos, el cuidado de los bosques y otros ecosistemas, la protección de la biodiversidad, la preservación de la diversidad lingüística y cultural de la humanidad.

 

•Una política fiscal que tome en cuenta los intereses de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes debe estar orientada principalmente al fortalecimiento de la economía propia de manera que les permita preservar sus identidades y sus formas de vivir en sus territorios, y no necesariamente a la obtención de subsidios u otros beneficios desde el Estado. “Nadie nos ha regalado nada, somos nosotros quienes hemos conseguido lo poco que tenemos: lo que hemos obtenido lo hemos logrado con luchas de siglos” señaló Blandina Contreras, coordinadora de Mujer, Familia y Generación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y Presidenta de OMUCAI Pachamama en el Perú. 

 

•Asimismo, se afirmó que aunque actualmente la política fiscal carece de una perspectiva étnica y racial y es necesario entender y transformar esta realidad. “Se necesita trabajar en doble vía: [..] Eso implica transformaciones institucionales, pero también fortalecimiento comunitario” señaló Cecilia Ramírez del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana.

 

•Para defender integralmente sus planes de vida y sus territorios las comunidades afectadas necesitan tener acceso a información y herramientas teóricas y prácticas que les permitan articular sus demandas y participar en los procesos de toma de decisiones. Actualmente, las decisiones sobre las inversiones en los territorios, o sobre cómo se distribuye los presupuestos, se están tomando en instancias a nivel nacional poco transparentes y sin su participación.

 

•Formar alianzas con otros actores y movimientos sociales es esencial, así como compartir las herramientas disponibles para abordar y confrontar de manera integral el contexto adverso que impone el modelo extractivista.