En tiempos de crisis económica, el desmantelamiento de los derechos económicos y sociales es un elemento constante de las medidas de consolidación fiscal causando un aumento de la desigualdad y la pobreza en las sociedades afectadas. Los sectores más excluidos y en situación de vulnerabilidad están en la base de la pirámide de las consecuencias de dicho desmantelamiento. Algunos han puesto en duda la eficacia de los derechos humanos para enfrentar la extrema desigualdad y otras injusticias socioeconómicas estructurales, sin embargo, una lucha sostenida de varias organizaciones de la sociedad civil española con el apoyo del Center for Economic and Social Rights demuestra que hay razones para la esperanza.
Durante 6 años de trabajo conjunto con varias organizaciones, y especialmente con Médicos del Mundo, Red ACOGE y Amnistía Internacional en España, hemos recogido evidencia, propuesto medidas de reforma y denunciado la injusticia de las políticas de austeridad fiscal ante instancias internacionales de derechos humanos. Una de las medidas de austeridad más duras adoptadas por el anterior gobierno es el Real Decreto Ley 16 de 2012 que excluyó a las personas migrantes en situación administrativa irregular de la atención en salud con cargo a fondos públicos. El nuevo Gobierno español ha escuchado los argumentos de la sociedad civil y ha expedido el Real Decreto Ley 7 de 2018, que restablece el acceso universal al sistema de salud. Esta medida ha sido ratificada por el Congreso el Jueves 6 de Setiembre 2018.
En su exposición de motivos el RDL 7/2018 recuerda que, en el ámbito de la normativa internacional, “el derecho a la protección de la salud se reconoce de manera expresa como un derecho inherente a todo ser humano, sobre el que no cabe introducción de elemento discriminatorio alguno, ni en general ni en particular, en relación con la exigencia de regularidad en la situación administrativa de las personas extranjeras”. Este argumento había sido planteado en varias oportunidades por CESR y la coalición de organizaciones de la sociedad civil española ante diversos organismos y procedimientos internacionales de derechos humanos, los cuales recomendaron al Estado restablecer la universalidad del sistema de salud en España. Al emitir el RDL 7/2018 el Gobierno reconoce que la norma obedece fundamentalmente a la necesidad de garantizar la universalidad de la asistencia y, con ello, a hacer efectivo el cumplimiento de los tratados internacionales de carácter vinculante suscritos por el Estado.
También señala que las medidas de austeridad se sustentaron en “criterios economicistas orientados a la reducción del déficit en las cuentas públicas” y en argumentos que, en su mayoría, fueron coyunturales y de limitado alcance temporal, y que al no haber sido evaluados “no demostraron una mejora de la eficiencia en el ámbito sanitario”. En tal sentido, las regulaciones previas “prescindieron de garantizar legalmente el debido equilibrio entre la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera de la sanidad pública y la indiscutible exigencia de hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de todas las personas”. El RDL 7/2018 fue el resultado de un proceso de consulta con la sociedad civil española, frente al cual CESR suscribió el marco de pedidos de sus organizaciones aliadas.
La devolución del acceso a la salud universal en España, sin distinción ni discriminación alguna, incluido el estatus administrativo o migratorio de las personas, ocurre casi al mismo tiempo que el Comité de Derechos Humanos de las ONU, en una decisión histórica sobre el caso Nell Toussaint vs. Canadá liderado por el Social Rights Action Center de Canadá ha afirmado que “como mínimo, los Estados partes tienen la obligación de proporcionar acceso a los servicios existentes de atención de la salud razonablemente disponibles y accesibles, toda vez que la falta de acceso a esos servicios expondría a la persona a un riesgo razonablemente previsible que podría acarrear la pérdida de la vida” y que “[…]los Estados no pueden hacer una distinción, a los fines de respetar y proteger el derecho a la vida, entre los migrantes regulares y no regulares”(párrafos 11.3 y 11.7) Ambos decisiones, una en materia de políticas y otra en materia normativa son el resultado de la acción persistente y decidida del movimiento de derechos humanos para proteger la salud y la vida de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, uno de los que colectivos menos protegidos y mas vulnerables a los efectos de las medidas de austeridad y los déficits en el cumplimento de los derechos humanos.
Aunque las organizaciones nacionales reconocen y celebran la trascendencia de la devolución del acceso a la salud universal en España, las organizaciones nacionales han subrayado la necesidad de una vigilancia en su implementación, particularmente, para evitar que existan colectivos que se queden al margen de su protección por una interpretación estrecha de la norma, como es el caso de las población de origen rumano o las personas ancianas o padres de personas inmigrantes residentes que han llegado a España fruto de un proceso de reagrupación familiar. Por ello CESR continuará apoyando los esfuerzos de monitoreo de la implementación de estas medidas por sus contrapartes y exigiendo con ellas la necesidad de realizar una evaluación del impacto que las medidas de austeridad han tenido sobre los derechos humanos en España a lo largo de los últimos años.
Imagen de la manifestación de Marea Blanca contra la privatización de la asistencia médica en Madrid, cortesía de Barcex