Con motivo de la comparecencia de España ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de las Naciones Unidas en mayo de 2012, la presente ficha informativa analiza la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en España, especialmente tras la crisis económica que comenzó a afectar al país en 2007.
El documento subraya el impacto negativo de la crisis económica - y de las respuestas del gobierno a la misma - en el disfrute del derecho al trabajo y a unas condiciones laborales decentes en España, donde una cuarta parte de la población activa y la mitad de las personas jóvenes se encuentran en situación de desempleo. Tal y como muestran los datos, esta situación ha puesto en peligro la capacidad de una gran parte de la población para ejercer otros derechos, especialmente el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a una vivienda asequible. El deterioro de una amplia gama de indicadores sociales y económicos, incluyendo el marcado aumento de los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos, junto con los drásticos recortes en el gasto social, apuntan a un retroceso en los derechos arriba mencionados, con gravísimas consecuencias en la vida de las personas más vulnerables. Los datos desglosados señalan la existencia de marcadas disparidades por motivos de género, edad, nacionalidad, situación geográfica y estatus socioeconómico.
Asimismo se analizan las medidas presupuestarias y fiscales adoptadas por el Estado para hacer frente a la crisis. Como consecuencia de las presiones para que España reduzca su déficit fiscal, los sucesivos gobiernos han realizado severos recortes presupuestarios y otras reformas con el objetivo de reducir el gasto público. Pese a que el gasto social per cápita en España ya era relativamente bajo, los recortes realizados al amparo de las medidas de austeridad se han centrado en sectores sociales como la educación, vivienda y seguridad social, y también en la cooperación internacional al desarrollo. Los indicadores relativos a los ingresos públicos en España, que es la quinta economía europea, muestran que el Estado podría realizar esfuerzos más equitativos para generar recursos potenciales como alternativa a las medidas de austeridad, de conformidad con su obligación de destinar el máximo de los recursos de que disponga, para la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, sin discriminación ni regresividad deliberada. El bajo nivel de ingresos tributarios como porcentaje del PIB en España, así como la alta tasa de evasión fiscal (que supone una pérdida de ingresos anuales que triplica el total de los recortes previstos en los Presupuestos Generales del Estado 2012), son factores determinantes que merman la capacidad del Estado de generar los recursos necesarios para respetar, proteger y realizar los derechos económicos, sociales y culturales.
Pese a que dichos derechos están garantizados por la Constitución Española como “principios rectores” de la política social y económica, las reformas legislativas y presupuestarias realizadas durante los dos últimos años han sido implementadas sin una evaluación previa de su impacto sobre los derechos humanos, ni tampoco de sus efectos diferenciados en los grupos especialmente vulnerables, tanto en España como en los países receptores de la ayuda al desarrollo española. Constituye un motivo de especial preocupación el deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez y de las personas jóvenes, y los efectos a largo plazo que pudieran derivarse para ellos.
La comparecencia de España ante el Comité DESC constituye una oportunidad para que el Estado rinda cuentas por lo que está haciendo para evitar los retrocesos en estos derechos, incluyendo la consideración de medidas alternativas a la austeridad fiscal que respeten y protejan los derechos de los colectivos más afectados por la crisis.
Los datos ofrecidos en esta ficha informativa tienen como objetivo complementar e ilustrar las preocupaciones y recomendaciones planteadas por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y por otras organizaciones no gubernamentales españolas en el Informe Conjunto ante el Comité DESC en marzo de 2012. Se busca contribuir a los esfuerzos de la sociedad civil para proteger los derechos humanos en épocas de crisis económica y asegurar que las estrategias de recuperación social y económica se rijan según las normas y principios de los derechos económicos y sociales.
