Esta presentación de la Iniciativa para los Derechos Humanos Principios y Directrices sobre Política Fiscal en América Latina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se refiere a los desafíos fiscales de la digitalización. La Iniciativa, compuesta por CESR, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Fundar (Centro de Análisis e Investigación); el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC); y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe: subraya que las normas tributarias globales actuales no permiten que los países en desarrollo cumplan con su obligación de movilizar recursos adecuados para garantizar los derechos humanos y abordar la desigualdad.
En particular, la idea de que las multinacionales deben ser tratadas como entidades independientes que realizan transacciones a precios de mercado con fines fiscales (el "principio de la competencia"), así como la prueba de presencia física dentro de un Estado para asignar los derechos tributarios de los Estados. Han demostrado no ser aptos para el siglo XXI.
El documento indica que tanto la evasión fiscal corporativa como la carrera perjudicial hacia el fondo de los impuestos corporativos, incluida la proliferación de incentivos fiscales opacos otorgados sin evaluaciones serias y rentables, están privando a los Estados de recursos valiosos para la salud, educación y otras inversiones clave que cumplir. los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
