Una lucha sostenida y concertada de la sociedad civil española apoyada por CESR y otros actores internacionales ha logrado un compromiso firme del nuevo gobierno de derogar un decreto que privó a casi un millón de personas del derecho a la salud.
June 21, 2018
Por Gaby Oré Aguilar
En el año 2012, el gobierno español de turno aprobó el Real Decreto Ley 16/2012 que reformó drásticamente el sistema nacional de salud, con la justificación de que era necesario limitar el acceso universal a los servicios para garantizar su sostenibilidad en el marco de la crisis financiera. De este modo excluyó de la atención en salud con cargo a fondos públicos a las personas inmigrantes adultas en situación administrativa irregular, estableció copagos por los medicamentos afectando a las personas con menos recursos y a los ancianos, e impuso otras barreras administrativas que terminaban perjudicando precisamente a los colectivos más empobrecidos por la crisis. El supuesto ahorro fiscal que esta norma iba a generar nunca fue demostrado.
Por el contrario, bajo esta política de austeridad, alrededor de 870.00 personas perdieron la tarjeta sanitaria que les permitía acceder a los servicios de salud; la tasa de mortalidad de la comunidad inmigrante en situación irregular se incrementó en 15% en un periodo de tres años, hubo una reducción en la atención primaria y un mayor uso de servicios de urgencias, así como múltiples casos documentados de barreras ilegales de acceso a servicios de urgencia y de atención materno-infantil. Como en la mayoría de contextos en los que se impone una austeridad fiscal que desmantela los derechos básicos y la protección social, el gobierno español terminó convirtiendo una crisis financiera en una crisis de derechos humanos sin precedentes.
Desde que el gobierno adoptó la exclusión sanitaria hace 6 años, CESR conjuntamente con un colectivo de organizaciones españolas, especialmente Médicos del Mundo, Red ACOGE y Amnistía Internacional en España, inició una estrategia para que el discurso de la inevitabilidad que acompañaba a las políticas de austeridad no se impusiera sobre los derechos esenciales de las personas. Estas acciones estaban dirigidas a producir evidencia sólida sobre los impactos de esta medida de austeridad, colocar el problema en la mira de los mecanismos de derechos humanos nacionales, regionales y de las Naciones Unidas, y expandir así el ámbito de protección normativa de los derechos económicos y sociales frente a las políticas de austeridad, proponiendo alternativas menos lesivas. Después de una acción sostenida de más de un lustro, el resultado de esta acción concertada de CESR y sus contrapartes españolas ha generado consensos y ha conseguido poner las bases para que el nuevo gobierno de España haya afirmado sin dilación su decisión de restablecer el sistema de acceso universal a la salud.
El anterior gobierno español que acaba de ser vacado del poder por causa de la corrupción, abdicó de sus obligaciones de derechos humanos e hizo caso omiso de las recomendaciones emitidas por los mecanismos relevantes del Consejo de Europa, los órganos monitores tratados de Naciones Unidas y varios mecanismos especiales de derechos humanos. En la última revisiónperiódica de España frente al Comité DESC en 2018 la evidencia presentada fue abrumadora y el pedido del Comité contundente, respecto a que el RDL 16/2012 no cumplía con los requisitos para hacerla permisible bajo el marco del Pacto Internacional de derechos económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Por ello, el restablecimiento de la salud universal en España pone nuevamente a este país en coherencia con su obligaciones respecto a este derecho. La agresiva batalla jurídica que montó el gobierno de turno por impedir que las comunidades autónomas en España adoptaran medidas para mitigar los impactos del RDL 16/2012 tuvo eco en varias decisiones judiciales, incluso del Tribunal Constitucional, causando una erosión en el estatus del derecho a la salud y los derechos económicos y sociales en la jurisprudencia española.
El nuevo gobierno ha puesto en marcha un proceso de consulta con la sociedad civil española para derogar el RDL 16/12. Es un excelente comienzo que CESR observa con optimismo. Confiamos y trabajaremos conjuntamente con nuestras contrapartes en el país para que este proceso resulte en una norma coherente con los principios y obligaciones bajo el PIDESC. CESR suscribe el marco de pedidos de sus organizaciones aliadas respecto a las medidas complementarias que debe adoptar el Estado para corregir y revertir el impacto negativo del RDL en distintos ámbitos de la salud y para distintos colectivos de la sociedad española.
Este logro de la lucha sostenida por el restablecimiento del derecho a salud en el marco de las políticas de austeridad es un ejemplo que ilustra la importancia y la necesidad de una estrategia de rendición de cuentas sostenida y consistente en los ámbitos nacional, regional e internacional, para reformar políticas económicas injustas y revertir el mantra de la austeridad en España y en otras partes del mundo, como Brasil, Egipto, Sudáfrica y América Latina, contextos en los cuales CESR continúa trabajando.
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